La Contraloría General del Estado no solo fiscaliza el uso de los recursos públicos: también emite resoluciones que pueden comprometer la responsabilidad patrimonial, administrativa o incluso penal de quienes participan en la gestión pública y en la contratación con el Estado. Ante este panorama, es fundamental conocer cómo proteger sus derechos frente a un proceso de control.
- Multas y sanciones administrativas que afectan directamente la estabilidad laboral.
- Órdenes de reintegro que generan obligaciones económicas onerosas.
- Glosas millonarias con un alto impacto patrimonial.
- Remisión a Fiscalía cuando se presume la existencia de responsabilidad penal.
Todo ciudadano tiene derecho a un proceso justo y transparente, en el cual se garanticen:
- El derecho a la defensa y a ser oído en todas las etapas.
- La presunción de inocencia hasta que exista una resolución firme.
- La motivación adecuada de los actos administrativos.
- El acceso a los recursos y medios de impugnación previstos por la ley.
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- Actuar preventivamente en auditorías, con asesoría para responder observaciones desde el inicio.
- Preparar descargos documentados que refuercen la legalidad de las actuaciones.
- Impugnar determinaciones de responsabilidad cuando existan inconsistencias normativas o probatorias.
- Acudir a instancias judiciales, incluido el Tribunal Contencioso Administrativo, para garantizar la tutela efectiva de derechos.
En Nexum Legal entendemos que una defensa sólida no solo busca anular sanciones injustas, sino también preservar la reputación y el futuro profesional de nuestros clientes. Nuestro equipo jurídico está preparado para diseñar estrategias a la medida de cada caso, anticipando riesgos y enfrentando los procesos con rigor técnico.
Consúltenos y proteja sus derechos frente a la Contraloría con un acompañamiento legal especializado.